Las leyes, salvo que se especifique otra fecha, entran en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. Es decir, que la nueva ley de vivienda será aplicable desde este viernes 26 de mayo.
Con esto, el Ejecutivo cumple su objetivo de sacar adelante la ley antes de las elecciones autonómicas y municipales del próximo domingo 28 de mayo.
Entre los principales aspectos que se contemplan en esta ley de vivienda centrada en garantizar el acceso a la vivienda de los jóvenes, topes en el precio al alquiler y las subidas de impuestos a los grandes tenedores.
Para este año 2023, se toparán los alquileres en un 2%. Para el próximo año 2024 el tope será del 3% en 2024 y a partir de 2025, estará basado en el IPC.
Asimismo, se obligará a los grandes tenedores, las personas que posean más de 5 viviendas de uso residencial y que esté destinada al alquiler, a bajar los alquileres en base al índice de referencia de las propiedades que se encuentren en zonas tensionadas.
Las zonas tensionadas son aquellas donde se cumplan uno de los siguientes requisitos:
Aunque, como las competencias están traspasadas, son las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos los que definen cuáles son estas zonas.
Por su parte, se darán ayudas a los pequeños propietarios, los que tengan menos de 5 viviendas en alquiler en zonas tensionadas, que puedan bajar los precios, a través de una bonificación fiscal en el IRPF.
La ley también penaliza por tener una vivienda vacía, una medida que intenta acabar con este fenómeno. Los ayuntamientos podrán aplicar un recargo del IBI:
Asimismo, establece que se destinará un 20% de las nuevas promociones a vivienda social, para alquiler o venta, si la obra se realiza sorbe suelo urbano. Y, en el caso de que se haya recalificado un suelo que antes era rústico, será del 40% el porcentaje que se destinará a vivienda social.
Los desahucios son uno de los puntos que más polémica ha desatado, estableciendo nuevas normas. A partir de este viernes, para poder llevarlos a cabo, los juzgados tendrán que pedir a los servicios sociales un informe que acredite si se trata de una persona vulnerable la que va a ser desahuciada.
Si es así, el desahucio quedará suspendido hasta que la Administración encuentre una alternativa habitacional en forma de vivienda, por un periodo de dos meses si el demandante es una persona física o de cuatro si es jurídica.