Exceltur y los ayuntamientos de Sevilla, Málaga, Barcelona, Madrid, San Sebastián y Valencia han apelado al Gobierno central la regulación de las viviendas de uso turístico, que han crecido en los últimos años de forma totalmente descontrolada y que aportan menos a la Economía y empleo que las empresas hoteleras.
La regulación debería centrarse en establecer con claridad la delimitación de la actividad turística en vivienda y el diseño de un contrato específico que delimite los derechos y deberes de que intervienen. Se deberían regular también las plataformas que comercializan estas viviendas y reforzar el papel de las comunidades de vecinos para que puedan pedir un permiso previo por mayoría cualificada.
En una década las plazas en destinos urbanos se han doblado. Estas viviendas provocan un encarecimiento de la vida de los barrios, problemas de convivencia vecinal y la expulsión de los residentes, además de que aportan mucho menos que el sector hotelero en términos de actividad económica, empleo y contribución fiscal.
La pandemia del coronavirus hizo salir del circuito del alquiler de uso turístico 113.000 viviendas en las 20 principales ciudades turísticas españolas, aunque en 2022 está resurgiendo con fuerza este fenómeno , por un claro beneficio en la rentabilidad de su explotación.
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